Carta del Estado de Acre
En defensa de la vida, de la integridad de los pueblos y de sus territorios contra el REDD y la mercantilización de la naturaleza

Estuvimos reunidos en Rio Branco – Estado de Acre, entre los días 3 y 7 de octubre de 2011 en el Taller: “Serviços Ambientais, REDD e Fundos Verdes do BNDES: Salvação da Amazônia ou Armadilha do Capitalismo Verde?” (Servicios Ambientales, REDD y Fondos Verdes del BNDES: ¿Salvación de la Amazonia o Trampa del Capitalismo Verde? )

Estábamos presentes organizaciones socioambientales, de trabajadoras y trabajadores de la agricultura familiar, organizaciones de Resex (Reservas Extractivistas) y Asentamientos Extractivistas, de derechos humanos (nacionales e internacionales), organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, pastorales sociales, profesores, estudiantes y personas de la sociedad civil comprometidas con la lucha “de los de abajo”.

Percibimos la formación de un consenso en torno a la idea de que, desde 1999, con la elección del gobierno del Frente Popular de Acre (FPA), se tomaron iniciativas para la implantación de un “nuevo modelo” de desarrollo. Desde entonces, dicho modelo es celebrado como primor de armonía entre desarrollo económico y conservación del bosque, de sus bienes naturales y del modo de vida de sus habitantes. Con fuerte apoyo de los medios de comunicación, de sindicatos, de ONGs promotoras del capitalismo verde en la región amazónica, de bancos multilaterales, de oligarquías locales, de organizaciones internacionales, éste es presentado como “modelo exitoso” a ser seguido por otras regiones del Brasil y del mundo.

En estos días tuvimos la oportunidad de conocer, en el campo, algunas iniciativas consideradas como referencia en Acre. Vimos de cerca los impactos sociales y ambientales del “desarrollo sustentable” en curso en el estado. Visitamos el “Projeto de Assentamento Agroextrativista Chico Mendes”, “Fábrica de Preservativos NATEX” y el “Seringal São Bernardo” (“Projeto de Manejo Florestal Sustentável das Fazendas Ranchão I e II”). Las visitas nos colocaron frente a un escenario bastante distinto a aquello que es publicitado a nivel nacional e internacional.

En “Seringal São Bernardo” pudimos constatar que la atención de los intereses de las madereras se hace en detrimento de los intereses de las poblaciones locales y de la conservación de la naturaleza. Incluso las cuestionables reglas de los planes de manejo no son respetadas y, según dicen los pobladores, con connivencia de gestores estatales. En el caso del “Projeto de Assentamento Agroextrativista Chico Mendes Cachoeira” (en Xapuri), constatamos que los pobladores continúan subyugados al dominio monopolista, actualmente venden la madera a la empresa “Laminados Triunfo” a R$90,00 el m3, cuando la misma cantidad de madera llega a valer hasta R$1200 en la ciudad. Por ello, apoyamos la reivindicación de diversas comunidades por la suspensión de los célebres proyectos de manejo. Solicitamos la determinación de todas las irregularidades y exigimos la penalización de los culpables por la destrucción delictiva de los bienes naturales.

Los días en que estuvimos reunidos fueron dedicados asimismo al estudio sobre Servicios Ambientales, REDD y Fondos Verdes del BNDES. Comprendimos el papel de los Bancos (Banco Mundial, FMI, BID y BNDES), ONGs comprometidas con el capitalismo verde, tales como WWF, TNC y CI; así como el papel de otras instituciones como ITTO, FSC y USAID, sectores de la sociedad civil y Gobiernos de los Estados y Federal que se han aliado al capital internacional con la intención de mercantilizar el patrimonio natural de la Amazonia.

Destacamos que, además de desprovista de amparo constitucional, la Ley Nº 2.308 de fecha 22 de octubre de 2010, que reglamenta el Sistema del Estado de Incentivo a Servicios Ambientales, se creó sin el debido debate con los sectores de la sociedad directamente impactados por ella, esto es, los hombres y mujeres del campos y del bosque. Reproduciendo servilmente los argumentos de los países centrales, los gestores estatales locales la presentan como una forma eficaz de contribuir con el equilibrio del clima, proteger el bosque y mejorar la calidad de vida de aquellos que habitan en él. Debe decirse, sin embargo, que la referida ley genera “activos ambientales” para negociar los bienes naturales en el mercado de “servicios ambientales” como el mercado de carbono. Se trata de un desdoblamiento de la actual fase del capitalismo cuyos defensores, con el fin de asegurar su reproducción ampliada, recurren al discurso ambiental para mercantilizar la vida, privatizar la naturaleza y despojar a los pobladores del campo y de la ciudad. Por la ley, la belleza natural, la polinización de insectos, la regulación de lluvias, la cultura, los valores espirituales, los saberes tradicionales, el agua, las plantas y hasta el propio imaginario popular, todo pasa a ser mercadería. La actual propuesta de modificación del Código Forestal complementa esta nueva estrategia de acumulación del capital, al autorizar la negociación de los bosques en el mercado financiero, con la emisión de “papeles verdes”, el llamado “Certificado de Cuotas de Reserva Ambiental” (CCRA). De este modo, todo se coloca en el ámbito del mercado para ser administrado por bancos y empresas privadas.

Aunque sea presentada como solución para el calentamiento global y para los cambios climáticos, la propuesta REDD permite a los países centrales del capitalismo mantener sus estándares de producción, consumo y, por lo tanto, también de contaminación. Continuarán consumiendo energía de fuentes que producen más y más emisiones de carbono. Históricamente responsables de la creación del problema, ahora proponen una “solución” que atiende más a sus intereses. Posibilitando la compra del “derecho de contaminar”, mecanismos como REDD fuerzan a las “poblaciones tradicionales” (ribereños, indígenas, afrobrasileños, trabajadoras del coco, caucheros, etc.) a renunciar a la autonomía en la gestión de sus territorios.

Con esto, se confunden los papeles. El capitalismo, la civilización más predadora de la historia de la humanidad, no representaría ningún problema. Por lo contrario, sería la solución. Los destructores serían ahora los grandes defensores de la naturaleza. Y aquellos que históricamente garantizaron la conservación natural son, ahora, encarados como predadores y por eso mismo son criminalizados. No sorprende, por lo tanto, que recientemente el Estado haya vuelto más ostensiva la represión, la persecución y hasta la expulsión de las poblaciones locales de sus territorios. Todo para asegurar la libre expansión del mercado de los bienes naturales.

Con el indisfrazable apoyo estatal, por ese y otros proyectos, el capital hoy promueve y conjuga dos formas de reterritorialización en la región amazónica. Por una parte, expulsa pueblos y comunidades del territorio (como es el caso de los grandes proyectos como las hidroeléctricas), privándolos de las condiciones de supervivencia. Por otra parte, quita la relativa autonomía de aquellos que permanecen en sus territorios, como es el caso de las áreas de conservación ambiental. Tales poblaciones pueden incluso permanecer en la tierra, pero ya no pueden utilizarla según su modo de vida. Su supervivencia ya no sería más garantizada por el cultivo de subsistencia –convertido en amenaza al buen funcionamiento del clima del planeta-, sino por “bolsas verdes”, que, además de insuficientes, son pagadas para el mantenimiento de la civilización del petróleo.

Conscientes de los riesgos que dichos proyectos traen, rechazamos el acuerdo de REDD entre California, Chiapas, y Acre que ya ha causado serios problemas a comunidades indígenas y tradicionales, como en la región de Amador Hernández, en Chiapas, México. Por ello nos solidarizamos con las poblaciones pobres de California y Chiapas, que ya han sufrido con las consecuencias. También nos solidarizamos con los pueblos indígenas del TIPNIS, en Bolivia, bajo amenaza de que su territorio sea violado por la carretera que liga Cochabamba a Beni, financiada por el BNDES.

Estamos en un estado que, en los años 1970-80, fue escenario de luchas históricas contra la expansión predatoria del capital y por la defensa de los territorios ocupados por pueblos indígenas y poblaciones campesinas del bosque. Luchas que inspiraron muchas otras en el Brasil y en el mundo. Convertido, sin embargo, a partir de fines de los años 90 en laboratorio del BID y del Banco Mundial para experimentos de mercantilización y privatización de la naturaleza, Acre es hoy un estado “intoxicado” por el discurso verde y victimizado por la práctica del “capitalismo verde”. Entre los mecanismos utilizados con el fin de legitimar ese orden de cosas, adquiere relevancia la manipulación de la figura de Chico Mendes. A juzgar por lo que nos presentan, deberíamos considerarlo el patrono del capitalismo verde. En nombre del cauchero se defiende la explotación de petróleo, el monocultivo de la caña de azúcar, la explotación maderera en gran escala y la venta del aire que se respira.

Ante tal cuadro, cabe preguntar qué es lo que no cabría en este modelo de “desarrollo sustentable”. Tal vez en ningún otro momento los ganaderos y madereros hayan encontrado un escenario más favorable. Es por esa razón que creemos necesario y urgente combatirlo, puesto que, bajo la apariencia de algo nuevo y virtuoso, reproduce las viejas y perversas estrategias de dominación y explotación del hombre y de la naturaleza.

Finalmente dejamos aquí nuestra reivindicación por la atención de las siguientes demandas: reforma agraria, homologación de tierras indígenas, inversiones en agroecología y economía solidaria, autonomía de gestión de los territorios, salud y educación para todos, democratización de los medios de comunicación. En defensa de la Amazonia, de la vida, de la integridad de los pueblos y de sus territorios y contra el REDD y la mercantilización de la naturaleza. Estamos en lucha.

Rio Branco, Acre, 07 de octubre de 2011.

Firman esta carta:

Assentamento de Produção Agro-Extrativista Limoeiro-Floresta

Pública do Antimary (APAEPL)

Amazonlink

Cáritas – Manaus

Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular do Acre (CDDHEP/AC)

Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia (CEPEDES)

Comissão Pastoral da Terra – CPT Acre

Conselho Indigenista Missionário – CIMI Regional Amazônia Ocidental

Conselho de Missão entre Índios – COMIN Assessoria Acre e Sul do Amazonas

Coordenação da União dos Povos Indígenas de Rondônia, Sul do Amazonas e Noroeste do Mato Grosso – CUNPIR

FERN

Fórum da Amazônia Ocidental (FAOC)

Global Justice Ecology Project

Grupo de Estudo sobre Fronteira e Identidade – Universidade Federal do Acre

Instituto Madeira Vivo (IMV-Rondônia)

Instituto Mais Democracia

Movimento Anticapitalista Amazônico – MACA

Movimento de Mulheres Camponesas (MMC – Roraima)

Nós Existimos – Roraima

Núcleo Amigos da Terra Brasil

Núcleo de Pesquisa Estado, Sociedade e Desenvolvimento na Amazônia Ocidental -Universidade Federal do Acre.

Oposição Sindical do STTR de Brasiléia

Rede Alerta Contra o Deserto Verde

Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bujarí (STTR – Bujarí)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri (STTR- Xapuri)

Terra de Direitos

União de Mulheres Indígenas da Amazonia Brasileira

World Rainforest Movement (WRM)