|
30 de octubre, 2011.- Los pueblos que habitan los bosques tropicales son crecientemente sometidos a la seducción, coerción o engaño por parte de poderosos actores, ávidos de los recursos que encierran sus territorios. Hoy lo que provoca la voracidad corporativa es mucho más que biodiversidad, maderas finas o recursos minerales; los nuevos requerimientos industriales de biomasa y créditos de carbono hacen que pocos rincones queden a salvo.
Ello significa que pueblos indígenas o comunidades, por lo general numéricamente pequeños, con poca o ninguna experiencia en tratar con el mundo de la modernidad occidental, muchos con una tenue o nula tenencia legal de sus tierras y territorios, enfrentarán crecientes presiones para negociar, directa o indirectamente, con poderosos actores internacionales, los derechos sobre sus territorios y recursos. Los términos de negociación son, entonces, extremadamente desiguales, y cuando las comunidades se resisten, a menudo sus integrantes se arriesgan a ser expulsados, acorralados, o incluso eliminados físicamente. La historia de la conquista se repite bajo nuevas modalidades.
Uno de los principales mecanismos internacionales que se prevé implementar en las áreas de bosque tropical son los programas REDD+. Los programas REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques), introducidos bajo el Protocolo de Kioto en el marco de las negociaciones sobre cambio climático, pretenden reconocer y recompensar con un valor financiero del carbono almacenado en los bosques, como incentivo para que los países en desarrollo reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero causados por la eliminación de los mismos, al resultarles más rentable proteger los bosques que dejarlos cortar o quemar. Se estima que el financiamiento provendrá principalmente del llamado mercado de carbono, lo cual desvirtuaría los propósitos de protección ambiental.(1)
La primera línea de programas REDD enfatiza principalmente en frenar la tala (aunque incluso admite la tala de bosques nativos si se remplazan con siembras de árboles, a menudo monocultivos). Como una segunda fase se negocia ahora el proyecto REDD+ (o REDD plus), que pretende reconocer también el rol de conservación y manejo sustentable de los bosques y la mejoría de las llamadas reservas de carbono forestal. Es entendible el reclamo que hicieron algunos pueblos que habitan los bosques de que, si se recompensa a quienes venían desforestando para que dejen de hacerlo, es injusto no reconocer el rol ambiental de quienes han venido conservando y cuidando los bosques nativos. Si la humanidad está reconociendo la importancia de proteger estos ecosistemas para la sobrevivencia del planeta, es de lo más razonable que se apoye a quienes con su sabiduría y prácticas milenarias mejor saben hacerlo. No obstante, si tal apoyo se enmarca en una lógica viciada, como aquella que ha caracterizado hasta ahora los programas REDD, los resultados para nada garantizarán ese objetivo.
Los términos internacionales bajo los cuáles operarían los programas REDD+ aún están en negociación, así como los mecanismos de financiamiento. Será justamente uno de los temas de las próximas negociaciones de Durban (COP17, diciembre).
Entretanto, los organismos multilaterales desarrollan una promoción agresiva del programa. Así, el Banco Mundial ha lanzado el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), que financia proyectos REDD. El programa ONU REDD+, creado en 2008, en asociación con la FAO, PNUD y PNUMA, tiene el propósito, según su página Web(2), de ayudar a los países del Sur a preparar sus propias estrategias nacionales de REDD+. Entre los 13 países del Sur que reciben apoyo para este fin, hay cuatro latinoamericanos: Bolivia, Ecuador, Panamá y Paraguay. Por su parte, el BID desarrolla proyectos con pueblos indígenas para prepararles para REDD+. El proyecto “Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica Frente al Cambio climático”, coordinado con la Coordinadora de Organizaciones de la Cuenca Amazónica -COICA-, es destinado a la formación de los pueblos indígenas en los métodos de reducción de emisiones de deforestación y degradación forestal y monitoreo de los niveles de carbono y a garantizar la participación e interacción de los Pueblos Indígenas en los diálogos regionales y nacionales.(3)
Posiciones en el movimiento indígena
En el seno del movimiento indígena, no hay consenso en torno a la participación o no en los programas REDD+. Si bien hay varias organizaciones y movimientos indígenas nacionales e internacionales que ven en este marco una oportunidad para incidir en su orientación con sus propuestas, o para contar con recursos para el desarrollo local, otras rechazan por principio la posibilidad de lograr algo en el marco REDD y optan por la denuncia y la resistencia.
Lo seguro es que ninguna organización o comunidad podrá permanecer indiferente o ajena a esta dinámica. Es previsible que los gobiernos de los países con bosques tropicales -como los amazónicos- no dejen pasar la oportunidad de buscar los créditos que se liberen con los eventuales programas REDD. A veces son ellos mismos quienes incitan a las organizaciones de su país a entrar en el proceso. Por ejemplo, según líderes indígenas peruanos, el anterior gobierno de Alán García dejó en claro que si las organizaciones nacionales no querían negociar en el marco de REDD, entonces iría directamente a las comunidades, porque “ellas sí quieren”. Evidentemente las comunidades tendrán aún menos condiciones de negociar con conocimiento adecuado de la complejidad del proceso internacional y desentrañar sus implicaciones. No son pocos los casos de comunidades que se han acogido a seductoras promesas –verdaderas o falsas-, sin medir las consecuencias para su medio de sustento; o de dirigentes que ceden a la tentación de recursos rápidos, a veces con corrupción de por medio. También hay comunidades con poca fuerza de negociación que han sido marginadas de sus tierras, o han aceptado condiciones irrisorias.
Fue ante estas circunstancias que la COICA y varias de sus organizaciones integrantes decidieron entrar en el proceso, para poder “hacer su propio análisis, sin depender de enfoques externos”, y formular su propia visión y argumentos frente a las inminentes negociaciones nacionales e internacionales, y preparar a las comunidades para lo que viene. En este sentido ha formulado una propuesta inicial(4) de condiciones y garantías para una REDD+ en comunidades indígenas, que contempla, entre otros aspectos:
- El principio de acción colectiva, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, encaminada a proteger el suelo, el bosque, el oxígeno y el agua.
- El desarrollo de los derechos a la consolidación jurídica de los territorios indígenas; el ordenamiento territorial y la zonificación económica y ecológica; y el fortalecimiento de las formas de gobernabilidad en los territorios.
- La no aceptación en los territorios indígenas: de proyectos de monocultivos; de intermediarios del mercado de carbono; de concesiones de bosques superpuestas bajo la figura del mercado de carbono y los proyectos privados o estatales que pretendan desarrollar un rubro de carbono a causa de los bosques.
- La aplicación por los Estados de los procedimientos de consulta para lograr un consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la OIT, respetando el sistema y las estructuras de representación de las organizaciones indígenas en cada país; en su idioma y sin intermediación de terceros.
En una Cumbre Amazónica realizada en agosto pasado en Manaos(5) justamente para debatir estos temas, que siguen siendo polémicos en el seno mismo de la COICA, se enfatizó(6) en que el reconocimiento previo de territorios y derechos colectivos es una condición básica para poder entrar en cualquier negociación, para lo cual se fijó como prioridad las políticas y fondos para la consolidación y titulación territorial de los pueblos indígenas.
Además, se estableció: la no firma de ningún contrato comunal hasta que se definan las reglas internacionales; no aceptar contratos a largo plazo; no ceder derechos, gestión territorial ni propiedad intelectual; la conservación holística de los bosques; mecanismos de solución de conflictos con garantías de neutralidad y eficacia.
Se enfatizó también en la necesidad de cambios legislativos para consolidar los derechos colectivos en las leyes de servicios ambientales, forestales, sobre “fugas de Redd+” (minería, hidrocarburos, agrocombustibles, etc.) y de consulta y consentimiento. También se exigió que los Estados y bancos asuman su responsabilidad para frenar la expansión de los estafadores de REDD+ (“carbón cowboys”).
A su vez, el Foro Indígena del Abya Yala, reunido en Panamá desde fines de septiembre, emitió una declaración en la que señala a REDD entre las falsas soluciones que “atentan contra el ejercicio de nuestros derechos colectivos, con nuestra relación espiritual y cultural, con nuestra Madre Tierra, la territorialidad, nuestras formas de gobierno y atentan contra nuestra propia existencia”. Pero también insiste que (de aplicarse) REDD+ debe garantizar sus derechos “a las tierras, territorios y los bienes y servicios de los ecosistemas y recursos naturales y el consentimiento libre, previo e informado” incluida “la demarcación, titulación y tenencia de las tierras indígenas, los modos tradicionales de vida y la gobernanza consuetudinaria de los bosques”.(7)
La postura No REDD
Estas posiciones de organizaciones indígenas se acercan en muchos puntos a lo que defienden otros actores del movimiento ambientalista que se oponen frontalmente a la REDD y REDD+, con la diferencia sustantiva de que mientras las primeras aún consideran, por ahora, la posibilidad de operar dentro del marco REDD, los segundos lo ven inconveniente e inviable.
Justamente, en una carta(8) que la Plataforma No REDD dirigió a la comunidad internacional donante en septiembre 2011, con firmas de unas 58 organizaciones, se expresa preocupación frente a la desviación de fondos existentes para la conservación de bosques y desarrollo, hacia proyectos de REDD+. Entre otros aspectos, la carta señala que REDD, al reducir la problemática a una sola dimensión de las causas de pérdida de los bosques -falta de valoración económica del carbono almacenado-, hace que esta dimensión predomine en las decisiones de políticas forestales, cuando es reconocido que es una realidad compleja que hay que abordar integralmente. Implicaría también desperdiciar recursos escasos para el monitoreo, verificación y reportes.
Estos problemas se agravarían, señala la carta, si el mecanismo de financiamiento es el mercado de carbono. Además, la REDD+ implica mercantilizar y privatizar aire, bosques, árboles y tierra.
En una línea similar, Tom B.K. Goldtooth, de la Red Indígena Ambientalista considera ingenuo pensar que REDD+ podría algún día ser financiado con el pago de la deuda ecológica Norte-Sur o con donaciones públicas:
Los gobiernos industrializados y las empresas pagarán por la conservación de los bosques de los Pueblos Indígenas sólo si obtienen algo a cambio. Lo que quieren son los derechos sobre el carbono de los bosques. […] REDD es – y siempre estará en peligro de ser – un componente de los mercados de carbono […] el dinero detrás siempre va a venir principalmente de los países industrializados y las grandes empresas en busca de más permisos para contaminar con el fin de que puedan retrasar la acción verdadera sobre el cambio climático.(9)
El debate está lanzado y es crucial que se profundice. Las organizaciones y pueblos indígenas de los bosques tropicales están conscientes de que enfrentan una encrucijada muy compleja, que en las actuales circunstancias poco se resolverá en las instancias de negociación internacional, por buenas que sean sus propuestas, pues saben que su espacio de incidencia es mínimo. Les preocupa la falta de información adecuada que les permita actuar con un cabal conocimiento del proceso. Estrategias de movilización en los escenarios nacionales e internacionales, alianzas, organización, comunicación y sensibilización, conjugadas con el diálogo y la negociación, serán factores indispensables para poder comenzar a inclinar la balanza a favor de la supervivencia de los pueblos de los bosques y de la salvación del planeta.
|
2024 Carbon Trade Watch