Las políticas del cambio climático como herramientas para la legalización del despojo, el control territorial y la imposición de megaproyectos agroindustrales

Según la cantidad de hectáreas sembradas con árboles de Teca, se están vendiendo “paquetes de oxígeno” a los países más contaminadores del planeta, como lo son los EEUU, Japón o Inglaterra, y por supuesto, sus corporaciones transnacionales. Pero ¿qué es lo que hacen estos países? Supuestamente para mejorar el medio ambiente debido al calentamiento global, reducen la contaminación acá, explotan en los países del Sur Global, despojan al campesino a quién lo llevan a la pobreza y aseguran sus negocios y lucros.¹

El mercado de emisiones de carbono ha aparecido en Colombia como un nuevo mercado que permite la financiación de megaproyectos agroindustriales y energéticos por parte de capital extranjero y nacional, el lavado de imagen de empresas que han sido responsables con su actividad industrial del calentamiento global y la legalización del despojo realizado por estructuras paramilitares durante los últimos 20 años.

Durante los dos gobiernos de Alvaro Uribe (2002-2010) se impulsó el mercado de carbono en Colombia, creando un marco legislativo y promocionando, entre las empresas minero-energéticas, el gran potencial que podía tener Colombia en este mercado. Los esquemas de compensación de carbono llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), creados en el marco del Protocolo de Kyoto, generaron sólo para el año 2010 en Colombia ganancias de alrededor de US$ 140 millones de dólares. Estos megaproyectos se han  desarrollado sobre todo en los sectores de energía, forestal y transporte y sus principales beneficiarios son empresas de capital nacional e internacional, entre las que se encuentra ARGOS S.A., un grupo empresarial que agrupa a 32 empresas colombianas y 51 extranjeras; el cuarto productor de cemento en América Latina y el primero en Colombia; y una de las cinco empresas colombianas más valoradas en el 2010.²

En febrero de 2011 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) aprobó un proyecto de MDL presentado por la empresa cementera ARGOS S.A. que implicaba la reforestación de 3.000 hectáreas con la especie Tectona Grandis (Teca) en la zona de los Montes de María.³ La tierra donde se está implementando este proyecto ha sido escenario de desplazamientos masivos en varias oportunidades. En 2001 fueron provocados por estructuras paramilitares que recorrían la zona masacrando a la población civil en connivencia con la Fuerza Pública, y entre 2005 y 2006 nuevos desplazamientos fueron provocados en los Montes de María por la Fuerza Pública y estructuras paramilitares a través de bloqueos económicos, capturas masivas y ejecuciones extrajudiciales de líderes campesinos. Los supuestos golpes a la insurgencia en la zona  fueron recibidos por la población civil, la cual fue víctima de detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Las operaciones entre militares y paramilitares sólo entre 2000 y 2002 despojaron a gran parte de la población de esta zona e impulsaron un éxodo masivo de alrededor de 120.000 campesinos a las capitales departamentales de Sucre y Bolívar,⁴ siendo los municipios más afectados los de Ovejas, San Onofre y Carmen de Bolívar.

Estos desplazamientos masivos estuvieron acompañados por la posterior compra masiva de tierras y una fuerte inversión económica en la zona por parte de empresas nacionales e internacionales desde el 2005. Las inversiones financieras han buscado implementar entre otros, cultivos de palma aceitera y yuca amarga para la producción de agrocombustibles, plantaciones forestales y ganadería extensiva, así como proteger la infraestructura petrolera y asegurar el acceso a minas de carbón y cal.

La empresa cementera ARGOS S.A. es una de las empresas que se adueño de miles de hectáreas en los Montes de María para implementar sus plantaciones de árboles de Teca. Este proyecto de MDL calcula capturar un promedio de casi 37.000 toneladas de CO₂ por año durante 25 años. En el mercado de carbono esto significa un estímulo de más o menos US$ 500.000 dólares por año, llegando a US$ 12.5 millones de dólares durante todo el proyecto, equivalente a la inversión total del proyecto de reforestación.

La empresa ARGOS S.A. ha tenido varios vínculos directos e indirectos con el paramilitarismo y ha sido beneficiaria de esta estrategia en diferentes partes del país. La empresa Tolcemento, la cual se fusionó con ARGOS en 2005, tuvo al sr. Julio César Guerra Tulena como miembro de la junta directiva de la empresa. La familia Guerra de la Espriella es de las más influyentes en la política y economía del departamento de Sucre.⁵ Varios de sus miembros fueron condenados por haber firmado el pacto de Ralito que prometía “refundar el país”⁶ o han sido investigados por haber conformado grupos paramilitares en Sucre. Según personas de la región, la familia se ha mantenido como accionista de la empresa ARGOS hasta la fecha. Un Campesino de esta región explica la situación así:

“Aquí habían varios grupos guerrilleros. Luego llegaron los paramilitares y eso fue peor. Unos diciendo que éramos de uno y luego los otros diciendo que éramos de los otros. Teníamos que pagar cuota a la guerrilla, teníamos que pagarle cuota a los paramilitares. Nos mataron un tío. En fin no sabíamos ya hacía donde ir. La voluntad nuestra se fue con el viento. Nos ideamos la venta de estas tierras. Buscamos un cliente por un intermedio de otros señores de aquí en San Onofre que también habían venido del interior del país. Y apareció el cliente que fue ARGOS. Hablamos con ellos, le pedimos permiso al jefe de las AUC para mostrar la finca a los clientes y nos autorizaron...Yo sí creo que la familia de Uribe está metida, porque metido está la familia Moreno y la esposa de Uribe es Moreno. Allí también está Mario Uribe, quién es primo hermano del ex-presidente. En cuanto a la proyección al corto plazo de la Reforestadora, según tengo entendido, todo el que le vende le compran.”⁷

Según los pobladores de los Montes de María, la llegada de ARGOS S.A. a través de su subsidiaria, la Reforestadora del Caribe S.A., ha estado acompañada de reinsertados de estructuras paramilitares. A estas personas se las ha visto patrullando en medio de las plantaciones camufladas, encapuchadas y con armas largas AK-47, además haciendo presencia en diferentes veredas en donde han realizado reuniones con los habitantes para informarles sobre su presencia, presentándose como “Las Águilas Negras”, “Las Botas Amarrillas” o “Las Protectoras de la Teca”. Los desmovilizados de las estructuras paramilitares aparte de ser responsable de la vigilancia y protección de las plantaciones, también se han dedicado a la siembra en los semilleros de Teca. ARGOS ha optado de esta manera por una privatización de su seguridad que se podría entender como la financiación de estructuras paramilitares, ya que los integrantes de su seguridad privada no tienen una identificación visible y usan armas de guerra y prendas militares a pesar de que estas personas no pertenecen a ningún ejército regular.

La organización ambiental colombiana Fundación Natura en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio del Medio Ambiente y el Global Environment Facility (GEF)⁸ hicieron a finales de 2010 un portafolio de proyectos forestales que podían ser incluidos al mercado de carbono no como MDL, sino como proyectos de mitigación voluntaria. La iniciativa recibió el primero de septiembre de 2011 un apoyo de US$ 10.5 milliones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Uno de los proyectos que se encuentran en dicho portafolio es de ARGOS para el establecimiento en los Montes de María de otras 10.000 hectáreas de plantaciones forestales para uso comercial dentro de los mercados nacionales e internacionales. El proyecto está calculado para mitigar unos 2.4 millones de toneladas de CO₂, que tiene en el mercado voluntario un valor estimado de alrededor de US$ 21.6 millones de dólares.

El gobierno ha reconocido la concentración de tierras en Colombia como una de las raíces del conflicto interno armado y sin embargo ha promovido una política que promueve la expansión del sector agroindustrial y la industria minera y petrolera, legalizando a la par el despojo realizado por estructuras paramilitares desde los años ochenta. La política de restitución de tierras del actual gobierno de Juan Manuel Santos en el marco de la Ley de Víctimas se ha de entender en este contexto como otro mecanismo para la legalización del despojo, ya que las inversiones de las empresas agroindustriales y minero-energéticos son consideradas como mejoras, realizadas por ocupantes de buena fé que no pueden ser restituidas a sus dueños originales. Proyectos como los MDL en Colombia buscan legitimar este despojo y promueven un modelo extractivisita y agroindustrial que agudiza la concentración de tierras y obliga a los pequeños campesinos, indígenas y afrocolombianos a desplazarse a los centros urbanos.

1   Campesino del municipio de Ovejas en entrevista en agosto de 2011
2   Top 100 companies in Colombia Revista Semana, 30 de Abril de 2010   
3  Los Montes de María es una región geográfica que se ubica entre los departamentos de Sucre y Bolívar y de la que forman parte los siguientes municipios: Los Palmitos, Morroa, Toluviejo, San Onofre, Chalán, Colosó, Corozal y Ovejas en el departamento de Sucre y El Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, El Guamo, María la Baja, Córdoba y Zambrano en el departamento de Bolívar.
4   Cifras de Violencia Montes de María Departamento Nacional de Planeación, 2006
5   El clan de los Guerra de la Espriella Semana, 8 de Marzo de 2010
6  El pacto de Ralito fue firmado en 2001 en entre jefes paramilitares y más de 50 políticos , entre senadores, representantes, concejales y alcaldes
7   Campesino que vendió su finca a la Reforestadora del Caribe S.A. en el municipio de San Onofre en entrevista en agosto de 2011
8  El GEF está conformado entre otras por diez agencias de financiación, como el Banco Mundial y el BID y ha financiado desde su fundación en 1991 por más de 9.5 mil millones de dólares proyectos.